BUENOS AIRES Día Mundial contra la megaminaría Con el apoyo de los gobiernos imperialistas y la complicidad de los políticos entregadores de nuestros países, han expandido proyectos de gran escala para el saqueo de toda América Latina. Por:Espacio Abierto Argentina Sin Megaminería Entrando en este siglo XXI, la búsqueda insaciable de ganancias por un capitalismo en crisis y en decadencia, ha llevado a las corporaciones multinacionales a adoptar métodos de explotación de los bienes comunes naturales cada vez más predatorios y destructivos. Con el apoyo de los gobiernos imperialistas y la complicidad de los políticos entregadores de nuestros países, han expandido proyectos de gran escala para el saqueo de toda América Latina. Nuestra región se enfrenta –entre muchas otras- con la problemática de la megaminería. Este flagelo se afianzó en Argentina durante la década de los ‘90, cuando la mayor parte de los países de la región también llevaron a cabo reformas de sus marcos regulatorios en beneficio de las grandes empresas transnacionales que, actualmente, continúan devastando nuestras tierras, aguas, economías locales, culturas ancestrales y formas de vida. La minería a cielo abierto se ha instalado en nuestro país como el método más rentable para explotar los codiciados yacimientos metalíferos (oro, plata, cobre, etc.) que se extienden por el 60% de nuestro territorio nacional. La especificidad de este nuevo tipo de explotación –absolutamente más depredador y contaminante que el tradicional de socavón- reside en la utilización intensiva de territorio, agua, energía, explosivos y tecnología de punta, combinación que permite realizar la extracción y concentración de los metales con extrema celeridad y a bajo costo para las empresas transnacionales. Con este objetivo, se remueven extraordinarias cantidades de suelo mediante la utilización de toneladas de dinamita que demuelen montañas enteras, para luego dar paso a un proceso de trituración de la roca extraída que, finalmente, es expuesta a los efectos de un compuesto de sustancias químicas tóxicas (cianuro, ácido sulfúrico y/o mercurio, entre otras) disueltas en gigantescas cantidades de agua –hasta 1200 litros de agua por segundo-, para separar y capturar los metales. Inmensos volúmenes de residuos químicos y escombros que envenenan la tierra y las cuencas hídricas, destruyendo delicados ecosistemas, son sólo algunas de las irreparables consecuencias de este proceso que, como contracara, deja una cordillera subastada y ocupada por 74 corporaciones mineras, 165 emprendimientos en etapa exploratoria que se distribuyen en 11 provincias, y 6 ya en etapa de explotación: Bajo de la Alumbrera en Catamarca; Cerro Vanguardia y Manantial Espejo en Santa Cruz; Veladero, Gualcamayo y Casposo en San Juan, donde además se ubica el proyecto binacional con Chile, Pascua Lama. A esta cantidad se suman miles de cateos mineros que prospectan vastas áreas de nuestro territorio, cuantificando yacimientos y su posibilidad extractiva. Este modelo extractivista, que es política de Estado desde hace 20 años, ha profundizado las desigualdades económicas, territoriales, sanitarias, ambientales y sociales, desplazando comunidades enteras, despojando de sus derechos territoriales a los pueblos indígenas, destruyendo patrimonios arqueológicos, zonas protegidas y violando los derechos ciudadanos. Durante la década menemista, con el apoyo del FMI y otros organismos internacionales, se creó el marco jurídico para garantizar el saqueo de nuestros territorios. Con la llegada del Kirchnerismo estas regulaciones nunca fueron modificadas y, actualmente, continúan siendo aplicadas para asegurar una rentabilidad extraordinaria a las transnacionales mineras. Por su parte, todos los legisladores oficialistas y opositores -salvo algunas raras excepciones que han presentado proyectos contra la megaminería-, no permiten siquiera su discusión. Por su parte, todos los legisladores oficialistas y opositores -salvo algunas raras excepciones que han presentado proyectos contra la megaminería-, no habilitan siquiera la discusión de este modelo. A través del Tratado Binacional sobre Integración y Complementación Minera firmado con Chile en 1996, se consumó la entrega de una parte de la cordillera a las transnacionales mineras, entre ellas a la empresa canadiense Barrick Gold que hoy opera los emprendimientos de Veladero y Pascua-Lama en San Juan. Por su parte, en 2004, Néstor Kirchner implementó el Plan Minero Nacional, declarando la actividad de interés estratégico y sumando nuevos beneficios y exenciones para las transnacionales. En el mismo año se firmó con Chile el Protocolo Adicional Específico al Tratado para el proyecto minero Binacional Pascua Lama, donde –entre otras cosas- ambos países permitían a los inversionistas el uso de toda clase de bienes comunes necesarios para el desarrollo minero, comprendiéndose en este concepto los recursos hídricos existentes en sus respectivos territorios. A su vez, Cristina Fernández de Kirchner no sólo ha buscado profundizar la inversión minera, sino que también ha dado muestras claras del apoyo estatal a la megaminería, en clara contraposición con las iniciativas del parlamento europeo para prohibir el uso de cianuro. Afirmamos que estas nuevas formas de colonialismo nos condenan a una dependencia creciente y cada vez más asfixiante de los centros capitalistas de poder global. La megaminería no es una actividad aislada del extractivismo. El fracking, los grandes megaproyectos de infraestructura que se imponen desde la IIRSA y los agronegocios también forman parte del mismo sistema que despoja el territorio, contamina los bienes comunes naturales y destruye comunidades y formas de vida, condenando a las futuras generaciones a escenarios de emergencia sanitaria, pobreza estructural, exclusión social y proliferación de catástrofes ambientales. De norte a sur, y con gran firmeza, los pueblos han determinado que “el agua y la vida valen más que el oro”, constituyéndose en ejemplos de dignidad y lucha que debemos acrecentar en cada rincón del país. En este proceso se afianzó la conformación de alrededor de 70 asambleas cordilleranas que, desde hace años, llevan a cabo innumerables acciones de repudio a la megaminería, logrando frenar el avance de proyectos como el de la Meridian Gold en Chubut, el de la Barrick Gold en La Rioja, el de Agua Rica en Catamarca y el de Emprendimientos Mineros en Neuquén. Este modelo primario-exportador agro-minero-hidrocarburífero se sostiene y expande a través de la violencia absolutamente descarnada que se ejerce sobre la naturaleza y los pueblos en resistencia. Para ello, se recurre al poder punitivo del Estado, tanto de forma directa, expresada a través de la criminalización de la protesta y su represión organizada y abierta por parte de las fuerzas públicas del orden, como de forma indirecta mediante la represión tercerizada con sicarios, matones o fuerzas parapoliciales. En cualquiera de los casos, la impunidad es total y los responsables de las presiones, amenazas y muertes de activistas y miembros de las comunidades afectadas no son investigados ni juzgados. Para los poderosos, solo se trata de los “efectos colaterales”, invisibilizados y acallados, del “modelo”. Entendemos que el genocidio iniciado hace más de 500 años en Nuestra América, se reedita actualmente mediante el desenfrenado avance de la frontera agropecuaria y extractiva, que no reconoce los derechos humanos de las poblaciones que encuentra a su paso. Consideramos, además, que la depredación sin límites de la naturaleza en nombre del progreso y el desarrollo capitalista nos está arrastrando hacia una crisis civilizatoria que amenaza a la humanidad toda con la posibilidad de un colapso ambiental sin precedentes. Por eso debemos luchar contra el extractivismo en su conjunto, exigiendo el cese de la megaminería y también del resto de las actividades predatorias. Así, hoy más que nunca exigimos: NO AL EXTRACTIVISMO NO AL SAQUEO Y LA CONTAMINACIÓN DE NUESTROS TERRITORIOS PROHIBICION INMEDIATA DE LA MEGAMINERIA ANULACIÓN DEL TRATADO BINACIONAL ENTRE ARGENTINA Y CHILE NO A LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE SEMILLAS COMO UN NUEVO INTENTO DE PRIVATIZAR LA VIDA Y EL PATRIMONIO DE LOS PUEBLOS. NO A LA CRIMINALIZACIÓN Y REPRESIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL Y DEROGACIÓN DE LA LEY ANTITERRORISTA. NO AL PAGO DE LA DEUDA EXTERNA ILEGÍTIMA Y FRAUDULENTA Este mandato popular es inamovible e innegociable. Ponemos a la VIDA Y EL FUTURO DE LOS PUEBLOS por encima de cualquier otro interés y reafirmamos que no hay licencia social para la continuidad del saqueo. Los bienes comunes no son mercancía. ¡NO PASARÁN! O SE MUERE EL CAPITALISMO O SE MUERE LA MADRE TIERRA.