Desde la Corriente Nacional Emancipación Sur, adherimos y difundimos el pronunciamiento de la Asamblea por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda y por la Defensa del Patrimonio Nacional y los Bienes Comunes, de la cual somos parte. Por : Corriente Nacional Emancipación Sur

El presupuesto 2015 presentado por el Ejecutivo al Congreso, que ahora cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, ciertamente muestra el crecimiento acelerado de los recursos destinados al pago de intereses sobre la deuda, y el aumento del endeudamiento público en sí.

Sin incluir pago alguno a los fondos llamados “buitre� y “holdouts�, el Presupuesto 2015 ajusta hacia abajo los recursos dedicados a la política social y laboral, mientras eleva (a cifras equivalentes a un “Hospital del Bicentenario� por día) lo que proyecta pagar para servir a una deuda ilegítima e ilegal. Al mismo tiempo, el gobierno apura la sanción de leyes nefastas como la de Hidrocarburos, la de Semillas y la del nuevo Código Civil y Comercial, y realiza convenios secretos como los de Chevron y con China, que hacen una vil entrega del patrimonio y los bienes naturales de todo el pueblo argentino, y de la jurisdicción judicial, a cambio de una mera promesa de divisas para pagar deuda a corto plazo, y la certeza de mayor endeudamiento y peores condiciones a mediano y largo plazo.

Desde la Asamblea por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda y por la Defensa del Patrimonio Nacional y los Bienes Comunes (de aquí en más la Asamblea), rechazamos estas políticas de ajuste y entrega y denunciamos lo ilícito de seguir pagando una deuda que ha sido condenada por fraudulenta y arbitraria. En vez de preocuparse por imponer al pueblo argentino la condición de “pagador serial� de lo que no debe, reclamamos al Congreso y al gobierno que suspendan todo pago de deuda hasta no quedar establecida su legitimidad y licitud.

Reclamamos asimismo la inmediata puesta en funcionamiento efectivo de la Comisión Bicameral Permanente de Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión y del Pago de la Deuda Exterior de la Nación, creada por la Ley 26.984 hace ya un mes. En ocasión del tratamiento de esta ley, señalamos la flagrante contradicción y violación de nuestros derechos humanos y populares, de la hipócritamente llamada “Ley de Pago Soberano�.[1] Entre otros despropósitos, primero declara de “interés público� el pago de una deuda que ha sido condenada en sede judicial argentina; luego establece nuevas modalidades de pago de la misma; y sólo después, crea una Comisión parlamentaria con el fin anunciado de investigar las irregularidades que pudiera tener.

Resulta claro que ni el Congreso (salvo pocas y honrosas excepciones), ni menos el gobierno, tienen intención alguna de investigar a fondo la deuda que bregan tanto por pagar. Sobre todo, sabiendo que es el mismo Congreso, y el mismo gobierno que, como sus antecesores, desde el año 2000 se han sistemáticamente negado investigar la deuda, desobedeciendo e ignorando durante más de 14 años el fallo plenamente vigente y nunca apelado del Juez Ballestero en la célebre Causa Olmos, y permitiendo al Poder judicial un nivel de inacción y omisión tan grave como las decisiones estrafalarias del juez neoyorquino tan criticado. Buitres, cuervos y caranchos anidan tanto los tribunales extranjeros como en los propios, así como los ratoncitos amaestrados.

Sin embargo, la decisión de crear, aún para la tribuna, una Comisión Investigadora Parlamentaria (CIP), constituye un reconocimiento de parte del poder político de la imposibilidad de continuar negando y tapando la ilegitimidad e ilegalidad de la deuda; no se puede seguir engañando todo el tiempo a todo el pueblo en cuestiones que son evidentes y centrales en la defensa de la patria, la recuperación de nuestra soberanía y el cumplimiento de los derechos humanos y de la naturaleza.

Por lo tanto, y teniendo presente todo su contexto, como Asamblea reclamamos no sólo la inmediata puesta en funcionamiento efectivo de la Comisión, sino también que se dote a la misma del poder, recursos y personal necesarios e idóneos para lograr de una vez que se establezca la Verdad del sistema de endeudamiento público, se consolide la Memoria pública al respecto, y se haga Justicia.

Verdad, Memoria y Justicia ya son patrimonio de la cultura política y sentido común de nuestro pueblo en relación al terrorismo de estado de la pasada dictadura. Verdad, Memoria y Justicia deben también establecerse respecto del sometimiento económico vía endeudamiento y saqueo de los bienes comunes, contracara inescindible del mismo terrorismo dictatorial. Con esta mirada debe encara su acción la Comisión Investigadora Parlamentaria (CIP).

El punto de partida de su trabajo debe ser las más de 477 ilicitudes ya comprobadas en el dictamen del Juez Ballestero en la Causa Olmos, así como las pruebas acumuladas en las numerosas investigaciones judiciales argentinas subsecuentes.

Dada su interrelación e indivisibilidad, es necesario que la Comisión abarque en su investigación la totalidad de la deuda pública: la deuda interna tanto como la deuda externa; la deuda del Estado nacional junto a la de los Estados provinciales y municipales; la deuda del Estado propiamente tal como así también la deuda contingente.

Asimismo, debe aplicar una definición amplia e integral del concepto de “irregularidades� planteado, abarcando desde los diversos campos del derecho – nacional, regional e internacional, de derechos humanos, derecho laboral, derecho ambiental entre ellos – hasta los criterios de ilegitimidad que desde la ética, la vivencia de los pueblos y la práctica acumulada en estas últimas décadas sobre todo por los movimientos del Sur, por superar el yugo colonial del sistema de la deuda, se han venido consolidando.

Denunciamos por improcedente y violatorio del derecho ciudadano a la información, la cláusula de confidencialidad incorporada al texto de la ley 26.984. Reclamamos la plena transparencia y publicidad de todas las acciones de la Comisión Investigadora y la denuncia penal y civil de los responsables de generar, pagar y cobrar una deuda ilegítima – no así de quienes los denuncian.

Reclamamos la necesaria participación social y ciudadana en la investigación de la Comisión y la elaboración de sus conclusiones. Para su propia legitimidad y la fuerza necesaria de sus resultados, la Comisión deberá buscar, recibir y escuchar, los testimonios y aportes desde los diversos sectores de la población y regiones del país cuyos derechos han sido violentados por acción del sistema de endeudamiento: entre otros el pueblo trabajador, desempleado, jubilado y/o pensionado, las mujeres, los pueblos originarios, el campesinado, los y las jóvenes, la población en situación de calle o sin acceso a una vivienda digna, las comunidades afectadas por la megaminería, las megarepresas, el agronegocio, el fracking, la sobrepesca, la especulación inmobiliaria urbana y rural, y otros megaproyectos estrechamente vinculados al sistema de endeudamiento y saqueo. Resaltamos que es el Buen Vivir de este pueblo, único acreedor legítimo de las deudas sociales, ecológicas, económicas, históricas y democráticas, el marco valorativo y el enfoque conceptual y metodológico que la Comisión Investigadora creada ahora por el Congreso, deberá enfocar como objetivo principal.

Desde la Asamblea, nos comprometemos a contribuir al trabajo de la Comisión investigadora parlamentaria, compartiendo los resultados de años de investigación, análisis, denuncia y movilización que han partido siempre de los tremendos costos que el endeudamiento público siguen generando para el pueblo argentino, su patrimonio y bienes naturales.

Nos comprometemos además a monitorear la acción de la Comisión, reservando el derecho a adoptar las estrategias pertinentes a fin de evitar el desaprovechamiento o la manipulación de esta oportunidad histórica. Y nos comprometemos a seguir multiplicando nuestro llamado al pueblo argentino, verdadero y único acreedor, a debatir ampliamente las causas, las consecuencias y las alternativas a este verdadero sistema de dominación y saqueo a perpetuidad, y a movilizarnos por el no pago de lo que no debemos, la sanción de los responsables de los crímenes y violaciones cometidos por el sistema de endeudamiento y la restitución y reparación de lo que hemos sido obligados a pagar indebidamente.

¡PATRIA ES NO PAGAR DEUDA ILEG�TIMA! ¡SUSPENSIÓN DE PAGOS E INVESTIGACIÓN A FONDO DE LA DEUDA! ¡DEFENDAMOS EL PATRIMONIO NACIONAL Y LOS BIENES COMUNES! ¡El ÚNICO ACREEDOR ES EL PUEBLO!

-Buenos Aires, 14 de octubre de 2014

[1] Ver la ley 26.984, así como también el pronunciamiento previo de la Asamblea al respecto.