SAN MIGUEL Organizada por la Corriente Emancipación Sur y la Regional San Miguel-José C. Paz de la CTA, se realizó la charla-debate sobre la deuda externa, a cargo de Alejandro Olmos Gaona, en el marco de las actividades de la Asamblea por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda y por la Defensa del Patrimonio Nacional y los Bienes Comunes. Por:La Redacción

En la sede de la CTA de San Miguel, el referente en el distrito de la Corriente Nacional Emancipación Sur, Julio Batalla, presentó ante una nutrida audiencia, a Alejandro Olmos, investigador, especialista en el tema deuda pública, asesor del presidente ecuatoriano Rafael Correa, y especialista y docente en Derecho Internacional Público. Compartieron la mesa, el Secretario General de la CTA, regional San Miguel-José C. Paz, Sergio Acuña y el referente del MST de San Miguel.

En cuanto se hizo presente Olmos, la concurrencia ocupó el salón preparado para el encuentro, agotando su capacidad, tal era la expectativa que se generó por esta convocatoria. Julio Batalla, que además es Secretario de prensa de la regional de la CTA, agradeció la presencia de representantes de diversas agrupaciones, entre ellas la de miembros del comité Radical del distrito. También estuvieron presentes el Secretario General del Partido Proyecto Sur de la Provincia de Buenos Aires en la Corriente Nacional Emancipación Sur, Claudio Giorno y su vicepresidenta, Silvia Baffigi. Acompañaron a vecinos y activistas sociales , militantes de esa fuerza de la primera sección electoral.

Alejandro Olmos comenzó su exposición señalando que cuando se trata el tema de la fraudulenta conformación de la cuantiosa deuda de nuestro país se pasa por alto que para el orden jurídico los hechos delictivos son nulos de toda nulidad. Los delitos debidamente acreditados como tales en la sentencia del Juez Ballesteros, fueron sistemáticamente ignorados por las autoridades administrativas de los tres poderes, convirtiendo el pago de la deuda en la mayor estafa sufrida por el pueblo Argentino. El escandaloso proceso de endeudamiento comienza a ser materia de investigación con la recuperación de la democracia en 1983. "La investigación de mi padre, como ustedes saben, se refirió a la deuda de la dictadura. Yo proseguí con otra causa en el mismo juzgado federal, sobre la deuda desde 1983 hasta el Plan Brady, y en el año 2006 inicié otra causa para que se investigara la deuda hasta el canje del año 2005. Luego siguieron otras presentaciones, hasta el gobierno actual, con nuevas pruebas violatorias del orden jurídico."

Se ha definido con rigor la tipificación del tratamiento de la deuda como delito continuado en tanto las múltiples negociaciones guardan denominadores comunes al probarse que la deuda originada durante la dictadura cívico-militar es la misma que ha sido materia de refinanciaciones permanentes desde 1983 hasta hoy, tal como surge no solo de las constancias obrantes en las causas penales presentadas, sino también de los datos que se consignan en las distintas leyes de presupuesto, y en muchos de los decretos por los cuales el Poder Ejecutivo autorizara la emisión de bonos.

Esta caracterización del endeudamiento externo como un delito de ejecución continuada mediante el endeudamiento de las empresas públicas en el exterior para conseguir dólares que no utilizaban y beneficiando a empresas privadas con esos dólares a través del Banco Central, con posterior estatización de las deudas privadas. Los beneficiarios fueron algunos grupos económicos , ligados a los centros financieros internacionales, como el grupo Macri, Fortabat, Bunge y Born, Bridas, Bulgheroni, Pérez Companc, Techint(Rocca), Soldati, Pescarmona, que contrajeron deudas ficticias que luego fueron estatizadas con seguros de cambio.

Luego de recorrer, con cifras y documentos reveladores de la estafa, Olmos llamó la atención al decir:"Me parece interesante profundizar sobre la complicidad en la continuación de “la farsa�. En enero de 1984, el juez federal interviniente en la causa Olmos, Martín Anzoátegui, mando un oficio al congreso, para que interviniera y los diputados Adrian Pedrini y Miguel Unamuno pidieron la creación de una comisión investigadora. Luego de varias discusiones en Senadores y Diputados la mayoría radical se impuso, y se rechazó el proyecto. En 1985 con la caida de Grinspun, Jose Luis Machinea que habia sido gerente de finanzas públicas de la dictadura, asumió en el Central. Sustituyó las garantias del Estado respecto a la deuda privada, y las convirtió en deuda directa.

Machinea después fue ministro del presidente Fernando De la Rua y autor del célebre e ineficaz blindaje.. A su vez uno de los directores del Banco Central en 1985 fue Daniel Marx, quien manejo el sector externo durante años y que luego como viceministro de Domingo Cavallo participó en el Plan Brady, pasando luego a trabajar con el propio Brady en Estados Unidos. Durante el gobierno de De la Rua volvió y fue viceministro de Machinea, Lopez Murphy y Cavallo, hombre emblemático si los hay.

Entre las complicidades se cuentan las del Congreso Nacional que nunca quiso investigar la deuda, a pesar de las diversas presentaciones que se hicieron. "En la Argentina existen políticos que son miembros del Partido de la Deuda y economistas que suelen decir que 'cuando no se puede pagar, hay que reestructurar' ".

Por otra parte los doctrinarios del derecho penal en la Argentina, los civilistas, administrativistas y constitucionalistas han ignorado totalmente –salvo excepciones honrosas- la existencia de tales causas judiciales. Los medios de prensa también se han encargado de silenciar las investigaciones y prominentes figuras de la dirigencia política jamás han hecho referencia alguna a su existencia. Hoy el gobierno de Cristina sanciona la ley de pago Soberano y la creación de una comisión de investigación, que pasado varias semanas no ha iniciado ni tan siquiera su conformación y que parece cumplir con aquella postulación que dice para que algo quede en la nada, lo mejor es crear una comisión al respecto.

Olmos se preguntó sí el pueblo argentino conoce las consecuencias que trae el pago de la deuda. En ese sentido, el historiador apuntó que en el Presupuesto 2015 se van a destinar más de $ 10 mil millones para el pago de juicios a jubilados y para saldar intereses y capitales de la deuda se calcula una suma de casi u$s 12 mil millones. ¿Cuántas escuelas, viviendas y hospitales se pueden construir con ese dinero?, lanzó Olmos a los participantes de la charla.

Planteó que haciendo una auditoria, reclamando a todas las empresas privadas que devuelvan el dinero que el Estado pagó por ellas, estableciendo las responsabilidades políticas, suspendiendo los pagos, y después de mostrar la evidencias del fraude pagar solo aquello que corresponda. Eso significa respetar el orden público y las necesidades del pueblo antes que las pretensiones de los bancos.

Finalizó: "Siempre me llamó la atención que se enjuiciara a los responsables de los crímenes de la dictadura, se revirtieran los indultos, se impugnara ese sistema perverso y se respetaran escrupulosamente las obligaciones contraídas por esa dictadura y no se llevara a la cárcel a los responsables del endeudamiento. Se lo dije con toda claridad a la presidenta Cristina Kirchner."

Sobre el final se generó un rico intercambio de opiniones y preguntas extendiéndose en precisiones y consideraciones sobre este instrumento de dominación y de la necesidad de continuar los esfuerzos por transitar un camino de emancipación.