NEUQUÉN Para Neuquén, la reforma de ley de hidrocarburos significa crear un marco jurídico que permita la continuidad del saqueo, la degradación del ambiente y una muerte segura para las comunidades que habitamos dentro del territorio. Por: Alejandro Garay - Multisectorial contra la fractura hidráulica Desde comienzos de este año, el gobierno nacional y las provincias productoras de hidrocarburos, nucleadas en la Ofephi, han discutido sobre la necesidad de reformar la Ley Nacional de Hidrocarburos. De esta manera, pretenden cumplir con los requerimientos de las petroleras trasnacionales, fijando beneficios económicos para bajar costos y garantizar una mayor rentabilidad en la explotación de Hidrocarburos No Convencionales, offshore y cuencas de frontera, con la falsa promesa de que esto permitirá al país salir del atolladero energético. Para Neuquén, esto significa crear un marco jurídico que permita la continuidad del saqueo, la degradación del ambiente y una muerte segura para las comunidades que habitamos dentro del territorio. La Multisectorial contra la Hidrofractura de Neuquén viene denunciando las maniobras que desde ambos gobiernos, nacional y provincial, han preparado para favorecer a las empresas. Fue en ese marco el desembarco, en julio de 2013, de la trasnacional del saqueo Chevron, prófuga de la Justicia ecuatoriana. Hoy esta reforma a la Ley de Hidrocarburos, entre otros puntos, propone extender las concesiones de las áreas tanto espacial como temporalmente; eximir del pago de impuestos a las empresas; habilitar el ingreso de tecnología sin pago de aranceles; permitir el egreso de divisas; etc. Tanto el gobierno que se reivindica nacional y popular, como el que se pretende defensor de los intereses provinciales neuquinos, demuestran que estas proclamas son retóricas y discursivas, ya que luego, en la práctica, terminan garantizando el beneficio para las empresas. En la definición de un tema que engloba los intereses de todo el país está participando sólo un grupo reducido de personas, entre quienes se incluyen representantes de las empresas petroleras. En el caso particular de Neuquén, uno de los puntos de mayor debate entre el gobierno nacional y el gobierno provincial, tuvo que ver con las estrategias en la forma de cómo dos empresas mixtas (Gas y Petróleo S.A. / YPF S.A.), con escasa transparencia, buscan insertarse en el naciente mercado de los no convencionales a partir de alianzas con trasnacionales, en tanto aportantes de fondos y tecnología. De esta manera, las políticas públicas en materia de energía no apuntan a satisfacer las necesidades de la población, sino ser parte del entramado que el mercado exige. Además, omiten puntos centrales del debate: las implicancias ambientales a nivel local y global, la conceptualización de la energía más allá de los hidrocarburos y, en última instancia, la pregunta en torno a la energía para qué y para quién. Esto evidencia que ni el gobierno provincial ni el gobierno nacional están buscando el bien común, sólo discuten quién se queda con el negocio, que les permita continuidad en la política doméstica y mayores beneficios para los funcionarios a través de participación de las ganancias de las empresas de servicios. Ningún gobierno está profundizando la discusión sobre la matriz energética y la urgente y necesaria diversificación de la misma, que, además, es inescindible del debate sobre la soberanía. La crisis actual, desde sus vertientes económica, financiera y energética; no se salda siendo más flexible con las trasnacionales. Por el contrario, jamás llegaremos a la tan ansiada y añorada soberanía energética, si se siguen priorizando las ganancias de las empresas por sobre el beneficio de toda la comunidad. ¡La Hidrofractura es saqueo, contaminación y muerte!