Documento unificado a 7 a帽os de la desaparici贸n de Luciano Arruga. La Corriente Nacional Emancipaci贸n Sur estuvo presente en la Jornada Cultural a 7 a帽os de la desaparici贸n de Luciano Arruga y nos sumamos junto a lxs familiares, amigxs, y una cantidad importante de organizaciones populares, con memoria, para seguir reclamando por Justicia. Ni unx pibx menos.
Hace siete a帽os, la polic铆a bonaerense secuestraba, torturaba, asesinaba y desaparec铆a a Luciano Arruga. Sus familiares, amigos, organismos de derechos humanos, organizaciones, partidos de izquierda y medios alternativos nos encontramos a defender nuestras reivindicaciones en esta plaza que lleva su nombre. Hemos demostrado que con la militancia organizada no s贸lo pueden prosperar las causas particulares de cada familia, sino que tambi茅n pueden transformarse las leyes, asentarse la jurisprudencia en los Tribunales, condenar p煤blica y pol铆ticamente a funcionarios de gobierno e instituciones que integran alguna de las fases de la desaparici贸n forzada de personas.
Cuando empezamos a buscar a Luciano, La desesperante p茅rdida, falta de conocimiento, sometimiento de clase, el miedo y la soledad estrat茅gica posterior a la desaparici贸n retardaron a煤n m谩s los tiempos habituales para cualquier investigaci贸n, pero -sobretodo- fueron la justificaci贸n para la amenaza, la agresi贸n y la persecuci贸n. Por eso, porque el Estado est谩 organizado para encubrir y esto es manifestado por sus funcionarios indistintamente por complicidad o por inercia, cuando buscamos a Luciano aquel 31 de enero de 2009 dos veces en el hospital Santojanni, la respuesta fue no. Ning煤n NN coincid铆a con la descripci贸n y no pod铆amos pasar a reconocer a nadie. Luego nos enteramos de que estaba ah铆, por eso tambi茅n pas贸 meses en una morgue judicial de la Ciudad de Buenos Aires con la n贸mina administrativa de una persona sin identidad mientras exig铆amos su aparici贸n con vida.
El poder judicial es indispensable para completar el c铆rculo de impunidad. Con la desaparici贸n de Luciano nos enfrentamos a una fiscal, Roxana Castelli, que entreg贸 la investigaci贸n a la propia fuerza sospechada. Tambi茅n soportamos ser los principales sospechosos por nuestra condici贸n de pobres: el juez Gustavo Banco acept贸 en quince oportunidades a lo largo de un a帽o y medio todos los pedidos de la segunda fiscal, Celia Cejas, para pinchar nuestros tel茅fonos a escondidas. Ante semejante maltrato, nos dispusimos llevar hasta las 煤ltimas consecuencias un jury de enjuiciamiento que condenara a los funcionarios que se comportaron como si nuestra condici贸n de clase pudiera demostrar una culpabilidad irrevocable. El procedimiento establecido para sancionar a un funcionario de la justicia es una trampa, son sus propios compa帽eros quienes resuelven las denuncias realizadas. Por ese motivo es evidente el cajoneo a esta investigaci贸n que deber铆a desarrollarse a partir de nuestra denuncia contra Roxana Castelli, Celia Cejas y Gustavo Banco.
Para encarar la b煤squeda de una persona desaparecida cuando est谩n sospechadas las fuerzas de seguridad, las amenazas son el punto de partida. Autos de civil que nos vigilaban, patrulleros que encend铆an las sirenas a la madrugada en la puerta de nuestra casa o personas desconocidas que caminaban cuadras detr谩s de nosotros. La polic铆a no s贸lo tiene la estructura estatal para torturar, asesinar y desaparecer: tambi茅n el encubrimiento pol铆tico de todos los estamentos del poder para garantizarse la impunidad. S贸lo luchando con absoluta independencia de cualquier gobierno de turno puede quebrantarse ese poder, y por eso logramos encarcelar y condenar por el delito de torturas al polic铆a Julio Diego Torales, que mantuvo encerrado e incomunicado en la cocina del destacamento a Luciano Arruga durante m谩s de diez horas en septiembre de 2008. La jurisprudencia asentada con ese juicio que se desarroll贸 en marzo de 2015 es hist贸rica: no s贸lo por la dificultad que implica conseguir las condenas por torturas sino tambi茅n porque acreditamos con contundencia el hostigamiento sistem谩tico previo al desenlace. La detenci贸n juzgada fue crucial por lo traum谩tica, porque all铆 comenz贸 la cuenta regresiva. Luciano soport贸 y sobrevivi贸 a los meses posteriores con p谩nico a la polic铆a porque sab铆a que ten铆a los d铆as contados. Los abogados defensores del torturador Torales son viejos conocidos en La Matanza. Se dedican hace a帽os a defender a la Bonaerense, tienen v铆nculos directos con el Pro a nivel local y son quienes comandaron la embestida judicial contra nuestro compa帽ero Pablo Pimentel. El presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de nuestro distrito tuvo que enfrentarse a una imputaci贸n por extorsi贸n cuando los defensores de la polic铆a asesina de Gabriel Blanco, asesinado en la comisar铆a de San Carlos en Isidro Casanova, lo acusaron de ofrecer beneficios a los presos a cambio de declaraciones contra los efectivos.
La misma lucha organizada nos permiti贸 caratular esta causa como desaparici贸n forzada y sostener esa figura a煤n despu茅s del hallazgo de Luciano y del intento del entonces gobierno de Daniel Scioli de hacer pasar este asesinato por un accidente de tr谩nsito. El delito de desaparici贸n forzada es de lesa humanidad, no prescribe y se sigue cometiendo a cada momento que la persona no est谩. En el pa铆s no hay un solo funcionario p煤blico condenado con esa figura que se tipific贸 en 2011. La perversa metodolog铆a de ocultar los cuerpos data de la 煤ltima dictadura militar, pero se practica en democracia con la misma impunidad. El caso de Julio L贸pez, doblemente secuestrado y desaparecido, es muestra cabal. Las empresas period铆sticas cumplen un rol central para garantizar la impunidad sembrando dudas sobre las v铆ctimas, relativizando infundadamente las denuncias de las familias y silenciando expl铆citamente su voz.
Encontramos a Luciano gracias a la presentaci贸n de un h谩beas corpus a comienzos de 2014. El poder judicial rechaz贸 el pedido en dos instancias y nosotros apelamos esas decisiones hasta llegar a la C谩mara Federal de Casaci贸n Penal, que termin贸 d谩ndole curso. Las medidas tomadas en consecuencia fueron las que permitieron el hallazgo: la reapertura de los archivos de la Polic铆a Cient铆fica de la noche del 31 de enero de 2009 arroj贸 que un NN hab铆a sido atropellado en General Paz y Emilio Castro, trasladado por el SAME e internado en el Santojanni hasta que muri贸 luego de una operaci贸n y permaneci贸 meses en la morgue judicial de la Capital Federal para ser enterrado en mayo de 2009 鈥渟in identidad鈥.
Nuestra lucha nos llev贸 al hallazgo hist贸rico, pero tambi茅n nos permiti贸 sobreponernos a la versi贸n oficial, 鈥渜ue parezca un accidente鈥, y demostrar de forma contundente que s铆, lo hab铆a matado la polic铆a bonaerense y lo hab铆a desaparecido el Estado argentino con la perversa colaboraci贸n de instituciones de toda 铆ndole. Haberlo encontrado gener贸 medidas probatorias irrevocables: Luciano corr铆a por la General Paz en una zona en que 茅sta se encuentra a metros de altura y sin acceso peatonal. Para llegar all铆, tuvo que trepar un terrapl茅n empinado y saltar una baranda o ser arrojado de un auto. La persona que lo embisti贸 asegura que lo vio desesperado, escapando de algo y que no cruzaba normalmente, sino que corr铆a en diagonal por la v铆a r谩pida. Otro testigo declar贸 que tiene la seguridad de que, en la colectora de General Paz, del lado de Provincia, hab铆a un patrullero doble cabina detenido y con las luces bajas. Luciano llevaba puesta ropa que no era suya y toda la evidencia que hoy servir铆a para demostrar c贸mo lleg贸 all铆, como sus zapatillas y elementos personales, se esfum贸. . No es la primera vez que, como m茅todo de tortura y forma de exculparse, las fuerzas de seguridad someten a los j贸venes asesinados a situaciones en las que la muerte es ocasionada por alg煤n factor externo. El caso de Ezequiel Demonty sobrevuela esta causa. El joven que fue arrojado al Riachuelo y muri贸 ahogado tambi茅n fue asesinado por la polic铆a. A Luciano Arruga, en cambio, lo obligaron a correr por la v铆a r谩pida de General Paz.
Nuestra Lucha tambi茅n fue por el cierre del destacamento de Lomas del Mirador, donde Luciano fue visto con vida por 煤ltima vez, pero tambi茅n porque en ese mismo lugar se llevaban adelante detenciones ilegales de menores de edad. A fines de 2011, luego de un acampe frente al municipio de La Matanza, conseguimos cerrar el destacamento de Lomas del Mirador. Desde octubre de 2013, gracias a tomar el lugar durante 68 d铆as, nos pertenece absolutamente. Cuando encontramos a Luciano se vot贸 en Senadores la ley de expropiaci贸n que cede definitivamente el ex destacamento a la personer铆a jur铆dica de nuestros compa帽eros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Hasta el 煤ltimo d铆a de su gesti贸n esperamos con ansias que el ex gobernador Daniel Scioli pusiera la firma que necesit谩bamos para reglamentar la ley. Scioli, siendo coherente con su habitual comportamiento, nos ignor贸 sin mediar comunicaci贸n. La misma reacci贸n tuvo cuando desde un medio le pidieron explicaciones por el hallazgo tard铆o del cuerpo de Luciano. Su s茅quito lo imit贸. Ricardo Casal, a quien postulaba como ministro de Justicia si ganaba el balotaje, no tuvo reparo en atacar a esta familia afirmando que la desaparici贸n fue un simple caso hospitalario. Jorge Telerman, entonces vocero del gobierno de la Provincia, tambi茅n hizo el rid铆culo emitiendo un comunicado pretendiendo hacernos llegar una solidaridad c铆nica y dando por sentado que su jurisdicci贸n no ten铆a incidencia en lo sucedido, aludiendo a 鈥渓os hechos ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires鈥, para negar impl铆citamente la barbarie cometida por su propia polic铆a. Ahora pesa sobre Mar铆a Eugenia Vidal nuestra exigencia de reglamentar la ley de expropiaci贸n y lucharemos hasta conseguirlo. Nosotros luchamos por una sociedad en la que Luciano Arruga jam谩s hubiese desaparecido y nuestra denuncia jam谩s podr铆a ser silenciada. Por ese motivo anunciamos antes de terminar esta jornada que el pr贸ximo 17 de octubre, a dos a帽os del hallazgo de Luciano, nos encontrar谩n nuevamente en la calle en una enorme marcha para continuar exigiendo memoria, verdad y justicia.
Nuestra posici贸n
El Estado volvi贸 a demostrar que la maquinaria que funcion贸 en la 煤ltima dictadura c铆vico-militar nunca se desmantel贸 con el retorno de la democracia: sus instituciones sostienen la misma perversidad de forma selectiva e invisibilizada.
El municipio de La Matanza fue una de las primeras instancias del Estado en rechazar todo tipo de acompa帽amiento o b煤squeda de la verdad en la desaparici贸n de Luciano: el entonces intendente Fernando Espinoza decidi贸 no s贸lo deso铆r por nuestros pedidos sino fortalecer a su polic铆a creando una patrulla municipal. El recambio actual de gesti贸n no nos depara algo diferente: la intendenta Ver贸nica Magario trajo a los m谩s importantes l铆deres de su partido en la provincia de Buenos Aires, que formaron parte de la gesti贸n paup茅rrima de Daniel Scioli. Las pol铆ticas de seguridad tan festejadas por los medios masivos de comunicaci贸n son las que nos dejan como consecuencia los 4644 asesinados por las fuerzas del Estado y m谩s de 200 desaparecidos en democracia.
La pol铆tica llevada a cabo con los NN es ilegal e irregular. Las fuerzas de seguridad, las morgues, el Registro Nacional de las Personas, los m茅dicos que son c贸mplices, el poder judicial y los cementerios son la maquinaria mafiosa que ejecuta la desaparici贸n forzada de personas en democracia. En el caso de Luciano el encubrimiento en los procedimientos posteriores a su muerte queda manifestado. La pol铆tica estatal para manipular a los cuerpos 鈥渟in identidad鈥 es siniestra, basta recordar las denuncias realizadas por los familiares de la inundaci贸n de abril de 2013 en La Plata: personas enterradas dos veces, cuerpos identificados en fosas comunes, junto a cad谩veres de perros o fetos. La 煤nica excepci贸n estatal en este crimen fue haber encontrado a Luciano.
El nuevo gobierno asume con una intencionalidad m谩s que clara, la emergencia en seguridad a nivel nacional s贸lo puede explicarse comprendiendo la impronta represiva que se gesta para los pr贸ximos cuatro a帽os, junto al intento de imponer un protocolo antipiquetes que no es m谩s que la v铆a libre para deslegitimar y reprimir las protestas de los trabajadores. El crecimiento del aparato represivo y todas las fuerzas provinciales junto a la creaci贸n por decreto de las polic铆as locales en 鈥渓a d茅cada ganada鈥, es la herencia que necesitaba el macrismo para incrementar los operativos de saturaci贸n que para la juventud pobre no son m谩s que control, verdugueo, golpizas, detenciones ilegales y torturas. El gobierno saliente dej贸 servida en bandeja la estructura para ejecutar la violencia que garantiza el disciplinamiento de los trabajadores: 45 mil polic铆as bonaerenses a los que se sumaron m谩s de 25 mil locales. La formaci贸n de la represi贸n en las casas de estudios de nuestra juventud no es casualidad, buscan cooptar a esos mismos j贸venes pobres v铆ctimas de la violencia del Estado y enfrentarlos con su propia clase. El caso de Lucas Cabello, joven baleado por un efectivo de la Polic铆a Metropolitana en La Boca, es muestra contundente de la inclinaci贸n del presidente Macri, pero las ya conocidas represiones al hospital Borda, a los terrenos tomados del parque Indoamericano, a la Sala Alberdi o al barrio Papa Francisco, o el funcionamiento durante su primera gesti贸n de la patota de la UCEP son la muestra cabal de que a la organizaci贸n y las exigencias por necesidades b谩sicas se responder谩 con palos y violencia.
La impronta del gobierno macrista ya se tradujo en la represi贸n ordenada por Patricia Bulrich a los trabajadores de Cresta Roja y a los de la municipalidad de La Plata que reclamaban por el despido de 4500 compa帽eros. No es casualidad que, en la misma semana en que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires emiti贸 un fallo permitiendo que, sin motivos, la polic铆a pueda solicitar DNI a cualquier ciudadano, se ejecute de manera in茅dita el traspaso de 18 mil polic铆as federales a la 贸rbita de la Metropolitana en Capital Federal. No podr铆a ser de otra manera si hay que someter al silencio y la represi贸n violenta a m谩s de 23 mil trabajadores estatales despedidos. La contracara de esta embestida es el violento ajuste que buscan imponer por la fuerza.
No podr铆a ser posible, si no, que el presupuesto votado en la provincia de Buenos Aires con el aval de los bloques del Pro, el Frente Renovador y el Frente para la Victoria, incremente un 54% la inversi贸n en 鈥淪eguridad鈥 restando en 谩reas como salud y educaci贸n. La intencionalidad es sobradamente clara. La acusaci贸n a la militante Milagro Sala por incitaci贸n a cometer delitos y tumulto es un precedente inaceptable para todos los luchadores: cortar calles y hacer acampes y vigilias es la 煤nica alternativa que nos queda para reclamar el cumplimiento de nuestros derechos. Exigimos el desprocesamiento por esa causa.
No se quedan atr谩s los prontuarios de los funcionarios a cargo de las Fuerzas: el nuevo jefe de la Bonaerense designado por Mar铆a Eugenia Vidal, Pablo Bressi, es un ex oficial del Grupo Halc贸n, responsable de la Masacre de Ramallo. Fernando D铆az, el nuevo jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, es el mismo que gestionaba a la instituci贸n durante 2005, cuando ocurri贸 el mot铆n en la c谩rcel de Magdalena en el que murieron incendiados 32 reclusos en un estado de abandono criminal. La decisi贸n pol铆tica en materia penitenciaria es que los presos deben ser tratados como escoria y que las c谩rceles deben estar pobladas de pobres. Los institutos de menores, las c谩rceles para ni帽os siempre nombradas con eufemismos, se encuentran en un estado de hacinamiento, falta de higiene, violencia y abandono que pocas veces puede ser denunciado ya que los organismos de derechos humanos no consiguen entrar. Las personas alojadas en instituciones de encierro en la Argentina se mueren, adem谩s de asesinadas por las fuerzas penitenciarias, por enfermedades medievales. La noticia de la triple fuga desmantel贸 una situaci贸n de podredumbre feroz hacia adentro de los uniformados: las instituciones represivas son mafias organizadas.
Hasta el 煤ltimo d铆a de la gesti贸n de la presidenta Cristina Fern谩ndez de Kirchner, los militantes de izquierda junto a organizaciones y organismos de derechos humanos pedimos que la mandataria derogara la ley antiterrorista que denunciamos y que fue impuesta por el gobierno de los Estados Unidos. Tambi茅n exigimos el cese de la judicializaci贸n con esa u otras leyes represivas y la persecuci贸n a los luchadores populares.
Nosotros seguiremos luchando por alcanzar nuestras reivindicaciones cualquiera sea el gobierno de turno, porque estamos convencidos de que la represi贸n es una caracter铆stica inherente a cualquier gesti贸n, y como elemento intr铆nseco para la gobernabilidad es que la repudiamos de plano y la combatimos en unidad con organizaciones y partidos de izquierda y organismos de derechos humanos que conserven la misma independencia. Nosotros luchamos por una sociedad en la que Luciano Arruga jam谩s hubiese desaparecido y nuestra denuncia jam谩s podr铆a ser silenciada. Por ese motivo anunciamos antes de terminar esta jornada que el pr贸ximo 17 de octubre, a dos a帽os del hallazgo de Luciano, nos encontrar谩n nuevamente en la calle en una enorme marcha para continuar exigiendo memoria, verdad y justicia. En el marco de este contexto tan adverso y con la imperiosa necesidad de dar muestras contundentes de nuestra capacidad de movilizaci贸n para frenar los ataques, los familiares y amigos de Luciano tanto como las decenas de organizaciones que firman este documento convocamos a todos sindicatos, centros de estudiantes, organismos de derechos humanos, trabajadores, coordinadoras de estudiantes secundarios, familiares de v铆ctimas de la represi贸n estatal, agrupaciones y partidos de izquierda a la m谩s amplia unidad para salir a la calle con la espalda m谩s ancha que nunca.
EXIGIMOS
REGLAMENTACI脫N YA DE LA LEY DE EXPROPIACI脫N DEL ESPACIO PARA LA MEMORIA LUCIANO ARRUGA
LO MAT脫 LA POLIC脥A Y LO DESAPARECI脫 EL ESTADO
BASTA DE REPRESI脫N POLICIAL
BASTA DE PERSEGUIR LA PROTESTA
DEROGACI脫N DE LAS LEYES ANTITERRORISTAS Y DE TODA LEGISLACI脫N REPRESIVA
DESPROCESAMIENTO DE MILAGRO SALA POR LAS CAUSAS DE TUMULTO E INCITACI脫N A COMETER DELITOS
BASTA DE GATILLO F脕CIL
BASTA DE DESAPARICIONES FORZADAS
NI UNA FAMILIA EN LA CALLE, NI UN PUESTO DE TRABAJO MENOS
JUSTICIA PARA LUCIANO ARRUGA