Tras ese objetivo justifica muchas decisiones que disminuyen el poder adquisitivo de los trabajadores y afectan conquistas que parecían intocables.

 Para atraer inversiones se quieren garantizar salarios y normas laborales similares a los de naciones con mucha desigualdad social y ofrecer condiciones especiales a los inversores, exigiendo sacrificios a la mayoría de la población en especial los asalariados.

 El costo fiscal de estas medidas afecta también la posibilidad de apoyar actividades productivas golpeadas por la caída de la demanda, los altos costos internos y circunstanciales asimetrías con países competidores.

 Hemos visto así cómo los productores frutícolas tienen que apelar a estrategias imaginativas y costosas para hacer visible la crisis que los condenaría a desaparecer si no se adoptan políticas que salvaguarden la actividad en estos momentos difíciles.

 Si el gobierno busca que lleguen inversiones, miren al Alto Valle de Río Negro. Allí las inversiones están llegando.

 Hace un siglo que están llegando.

 Durante cien años, generación tras generación, el esfuerzo de los trabajadores de la fruta y los chacareros, de los obreros del empaque y los empresarios, han generado los recursos que permitieron lograr una enorme infraesctructura regional de producción e industria agroalimentaria tal vez sólo comparable a la vitivinicultura cuyana, pero con un perfil exportador superior y por ende capaz de volcar a la economía nacional los esquivos dólares que necesita.

¿Cuánto vale esa inversión centenaria? Sumemos el valor predial, la sistematización de las chacras, las redes de riego, las plantaciones, las mejoras, los galpones de empaque, los frigoríficos, los viñedos, las bodegas, las jugueras, las sidreras y otras industrias , el comercio de maquinarias, herramientas, fertilizantes y otros insumos. Agreguemos el conocimiento acumulado, la mano de obra especializada, la tecnología, el parque de miles de camiones de carga, los talleres y servicios técnicos y profesionales vinculados a la actividad, las fábricas de maquinaria y tendremos un valor que seguramente no podrá ser superado por las inversiones que hoy se quieren atraer con altos costos.

 Esta inversión social debe ser sostenida por el estado que ha recibido de ella enormes recursos y que ha generado y mantenido cientos de miles de puestos de trabajo a lo largo de los años.

 Si hoy, como en otras oportunidades, atraviesa una crisis, es necesario y justo apoyarla con medidas eficientes y oportunas –seguramente transitorias- para que se recupere y reencamine, para que el importante capital que ha creado no se malogre.

 No podemos pensar ver en nuestra región productora el panorama de aquellas poblaciones mineras que luego de agotado el yacimiento se convirtieron en pueblos fantasmas abandonados y desiertos.

Esto no es minería agotable, es una actividad con capacidad inagotable de renovación y crecimiento demostrado en años, capaz de superar las dificultades si se la entiende y atiende para afrontarlas, con decisiones acertadas que le permitan recuperar su sustentabilidad, su pujanza, su creatividad y la capacidad de trabajo que ha demostrado siempre.

El estado nacional posee las herramientas para apoyar la actividad frutícola. Hay un extenso catálogo de ellas que en otros momentos se han utilizado con éxito.

Es necesario convocar a las organizaciones vinculadas a la actividad y desarrollar un programa operativo con objetivos y metas, compromisos y controles que garanticen la solución de los problemas actuales.

Los rionegrinos debemos exigirlo.