Que cese inmediatamente las políticas de estigmatización y persecución de personas migrantes. unnamed

Desde la Corriente Nacional Emancipación Sur repudiamos, denunciamos y exigimos explicaciones tanto al Poder Ejecutivo en cabeza de Mauricio Macri como al Congreso de la Nación, a raíz del pedido de informes formulado por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, a instancias de legisladores del oficialismo, a través del cual se reclama a las Universidades Nacionales información sobre las personas migrantes que ejercen su derecho a la educación en dichas instituciones.

Según ha trascendido en declaraciones de diputados a los medios de prensa, dicha información fue  requerida para conocer el destino de los recursos asignados a la educación pública. Entre otras cosas, la Comisión de Educación solicitó a las Universidades que informen el país de procedencia y la performance académica de lo/as estudiantes migrantes.

Consideramos que tal requisitoria se inscribe en una política gubernamental que pretende estigmatizar a las personas migrantes, principalmente a la de patrias hermanas, y restringir sus derechos, en este caso a la educación.

Esta política del gobierno de Macri cuenta con el aval de un sector significativo de la oposición, tal cual quedó demostrado con las declaraciones xenófobas del Senador Pichetto del FpV vinculando a la inseguridad y al delito con las personas migrantes de diversos países del Nuestra América.

Resaltamos, en este orden, que del 10 de diciembre de 2015 a la fecha, se han adoptado diversas medidas que pretenden restringir los derechos de las personas migrantes en Argentina. Entre otras, se han desarticulado programas migratorios como el de Patria Grande y Abordaje Territorial, aumentaron brutalmente los aranceles de los trámites migratorios, se incrementaron irrazonablemente los controles migratorios y aumentó el número de expulsiones de migrantes en el país.

Cabe señalar que desde 1853, nuestra Constitución Nacional reconoce los mismos derechos a nacionales y extranjeros que residan en el territorio de la República Argentina, con la única excepción de ciertos derechos políticos.

A su vez, la Carta de la Organización de las Naciones Unidas de 1945, ratificada por nuestro país, establece como una norma imperativa e inderogable de Derecho Internacional la prohibición de la discriminación, entre otros motivos, por la nacionalidad de la persona. Este principio fue confirmado por la Declaración Americana de los Derechos Deberes del Hombre y por la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 y, posteriormente, por infinidad de tratados internacionales de derechos humanos, en su gran mayoría suscriptos por el Estado Argentino.

La reforma de la Constitución Nacional de 1994, no obstante su origen espurio y sus finalidades antipopulares, otorgó jerarquía constitucional a algunos de los instrumentos internacionales de derechos humanos aludidos, entre otros: las dos Declaraciones de 1948.

El principio de igualdad y no discriminación constituye, entonces, en nuestro país una norma de máxima jerarquía.

Así es como en 2004 el Congreso de la Nación resolvió derogar la “Ley Videla” dictada por la última dictadura cívico- militar y sancionar la Ley 25.871, que en su artículo 4 dispone: “El Estado asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que puedan gozar los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social”.

Si bien durante la última década no fueron resueltos los principales problemas sociales de las personas migrantes en nuestro país, especialmente los de aquellas personas que provienen de patrias hermanas y se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad, el gobierno de Macri ha comenzado a instrumentar una política gubernamental que profundiza esos problemas, se contrapone con la Constitución Nacional y con los compromisos internacionales asumidos en materia de Derechos Humanos, y contrasta, además, con la idea de Patria Grande que enarbolamos desde Emancipación Sur.

Exigimos al gobierno de Macri y a los legisladores oficialistas y opositores que lo acompañan, que cesen inmediatamente en su política de estigmatización y persecución de personas migrantes, en especial de hermanos que proceden de países limítrofes.