El sábado 1 de junio en Moreno se realizó el primer encuentro en una charla debate a 70 años de la constitución de 1949. Juan Albaytero y Félix Fleitas disertaron como base al inicio de opiniones preguntas y debate.

Luego de la presentación de la actividad y el agradecimiento de la presencia de referentes de organizaciones políticas y sociales del distrito, arrancó Albaytero compartiendo la significación del artículo 40 de la constitución del 49, fundamentalmente el aspecto ecónomico, y luego Fleitas describió los aspectos jurídicos del recorrido por las diferentes leyes que se sancionaron posteriormente en forma contraria a dicho artículo.
Tanto Juan como Félix plantearon con claridad y realidad la confrontación del propósito constitucional del 49 con un modelo de dependencia impulsada desde el poder económico y que hasta éstos días, la dirigencia política no ha hecho nada para volver a esos textos o normativas y mucho menos a sus políticas concretas.  

"Ante los estragos del capitalismo salvaje, la cultura individualista, los paraísos fiscales y los infiernos sociales. En estos escenarios de exclusión social e incertidumbre, los grandes principios de la Constitución de 1949 siguen marcando el rumbo de las luchas democráticas y populares: la justicia social como condición para el ejercicio soberano de decisiones que apunten a sacudirnos inaceptables tutelajes internos o externos".

El fenómeno de esta socialización del Derecho, que dejó de ser el patrimonio de una minoría antinacional y antipopular para pasar a ser el instrumento jurídico de la política de Emancipación nacioanl y justicia social.

El golpe militar de 1955 derogó la Constitución mediante un grotesco remedo de reforma.
El golpe militar ‘La Fusiladora’ de 1955, derogó ilegalmente por un decreto la Constitución Nacional reinstaurándose así la liberal Constitución de 1853 que luego fue ‘neoliberalizada’ en 1994 por el pacto de la partidocracia responsable y cómplice del saqueo escandaloso, la pobreza y el hambre de nuestro pueblo. 
La organización económica y política diseñada en el texto de 1949 era incompatible con el designio de retornar por la fuerza a un esquema oligárquico neocolonial. El sometimiento de la política monetaria y financiera al FMI, la represión de los militantes populares y sus organizaciones gremiales y políticas, el castigo a la producción nacional necesitaban justificarse en un instrumento jurídico que habilitara la regresión que se quería imponer.  Esta situación no ha cambiado en relación al modelo de dependencia al saqueo y la desigualdad que hoy se ha profundizado.

A continuación compartimos el Artículo 40 de la Constitución Nacional de 1949.  En dicha constitución fueron introducidos por primera vez los derechos de los trabajadores y la propiedad nacional inalienable e imprescriptible de los servicios públicos y recursos naturales. 

Art. 40: – La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguardia de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución. Salvo la importación y exportación, que estarán a cargo del Estado, de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine por ley, toda actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios.

Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias.

Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaran en poder de particulares serán transferidos al Estado, mediante compra o expropiación con indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine.

El precio por la expropiación de empresas concesionarios de servicios públicos será el del costo de origen de los bienes afectados a la explotación, menos las sumas que se hubieren amortizado durante el lapso cumplido desde el otorgamiento de la concesión y los excedentes sobre una ganancia razonable que serán considerados también como reintegración del capital invertido.