Con otras fuerzas políticas, demostramos, hace algunos años, que se podía pagar el 82% a los jubilados restituyendo los aportes patronales que había quitado Domingo Cavallo. Hoy, como parte del ajuste que se descarga sobre el pueblo, la Presidenta propone reducirlo nuevamente con un argumento insostenible... Por; Alejandro Questa La situación del sector comenzó a mejorar desde el 2003 hasta el 2011, cuando entonces la inflación real empezó a carcomer el poder adquisitivo de toda la población. Notándose esto, más que nunca, en el presente, en el que el anunciado aumento de jubilaciones y pensiones para marzo no servirá para palear los efectos de la devaluación. La canasta básica se estima en unos $9100, por ahora, para un matrimonio con dos hijos. Si bien un jubilado ya no tiene (en teoría) la carga de los hijos, en su mayoría tiene esposa, que quizás no cobre ningún beneficio, o debe alquilar, además de afrontar gastos de medicamentos de ambos (que en bastantes casos, no son pocos), por lo que una jubilación mínima no alcanza para vivir desahogadamente, o apenas alcanza. Hace unos años, sectores políticos no oficialistas propusieron otorgar el 82% móvil para los jubilados, por lo que llegó a votarse como ley en el congreso, pero que la Sra. Presidente, vetó con el argumento de que era una maniobra para desfinanciar la gestión de gobierno a futuro; por lo que en su lugar hizo promulgar la actual ley que permite aumentos a jubilaciones y pensiones en función de la recaudación, pero que no alcanzan. En aquél momento, como ahora, el gobierno nacional no cuestionó el pago de deuda externa fraudulenta (en el que se fueron y se van decenas de miles de millones de dólares en forma anual), como causa de desfinanciamiento de gestión, que es uno de los fundamentos de la actual crisis y devaluación. En aquellos días, Proyecto Sur, la Unidad popular (UP) y partidos de izquierda propusieron que se cobraran nuevamente los aportes patronales, que había anulado Menem, para financiar el 82%; pero, aunque se reconoció que era una propuesta concreta, no se la tomó en cuenta, si bien la misma presidente decía en otros momentos que los empresarios debían ser solidarios porque “estos años, habían juntado plata con pala” y que “había que redistribuir la riqueza para mantener el modelo inclusivo”. Para finales del año 2012, Proyecto sur y Unidad Popular presentaron un proyecto alternativo de presupuesto para el año 2013, donde se repitió la propuesta de cobrar nuevamente los aportes patronales (unos 100 mil millones de pesos, con estadísticas y cálculos), para financiar con una parte el 82% a los jubilados, y con el resto afrontar planes para la niñez, desocupados y recomposiciones salariales de empleados estatales en todo el país. Por supuesto, como el FPV tenía mayoría en el congreso, la propuesta fue desestimada, y duerme en algún cajón. De haberse realizarse esta propuesta, junto con otras del mismo proyecto, además de financiar esos beneficios, el gobierno no tendría que haber impreso tantos billetes, no tendría que haber saqueado las arcas del Banco Central ni las de la Anses (que maneja fondos de jubilados), para continuar financiando sus salidas de caja. Lo que ha generado la actual devaluación. Por supuesto, este no es único problema que sufren los jubilados y pensionados. En cuanto a atención médica, deben afrontar gastos de medicamentos (en algunos casos, elevados); soportar viajes incómodos y largas colas para solicitar turnos, que en ocasiones deben repetirse desde la madrugada (que a veces se otorgan para dos meses después de lo solicitado y dependen del cupo de turnos de cada sitio de atención). Lo anterior se debe a que no se aumentaron los centros y personal para la atención médica de los jubilados (cayendo dicha atención en sitios privados o municipales, por convenios sospechosos con el ANSES y el PAMI) y a que no se impulsaron políticas de fabricación estatal de medicamentos para abaratar costos (que hasta la época de Menem se realizaba en la facultad de Farmacia). A esto, hay que sumar problemas en las atenciones médicas de urgencia, por insuficiencia de ambulancias y de personal, porque no hay presupuesto, puesto que el gobierno saquea los fondos del Anses para cubrir otros gastOtro inconveniente que deben sufrir los jubilados son las largas colas y viajes algo prolongados para los cobros de sus haberes, debido a que son insuficientes los centros de pagos, que están sólo en bancos de zonas céntricas de los distritos. Una propuesta de solución para esto es la creación de centros de pagos a jubilados y pensionados en zonas más cercanas a los barrios, tomando como personal, previa capacitación, a beneficiarios idóneos de planes sociales, que en bastantes sitios cobran por hacer poco o nada, o son usados para actos o campañas oficialistas. También existen casos de abuelos con problemas de movilidad, que viven solos y que no pueden hacer mandados, o trámites, o tareas pesadas en sus hogares. Para socorrerlos en lo que fuere menester, se podría capacitar a beneficiarios idóneos de planes sociales, que cobran sus haberes, en parte, con fondos del Anses.