Con una puesta en escena teñida de dramatismo, el gobernador Scioli, sorprendió con el anuncio del decreto de emergencia en materia de seguridad para la provincia. En un día sábado, sugiriendo que la gobernación no descansa trabajando para la ciudadanía, reunió a su gabinete para dar una conferencia de prensa, que con un tono grave y solemne, que buscaba transmitir fortaleza y capacidad de conducción, anunció un decreto que ya había sido implementado diez años atrás por el exgobernador Felipe Solá.
No deberíamos pensar que la repetición de una fórmula fracasada se concreta por incapacidad, sino que se produce con otro objetivo, lejos de la demanda de la población.
Es claro de que lo que está en juego con este anuncio, es el posicionamiento en la puja pejotista de cara al próximo año electoral.
Impresiona el prolijo trabajo que se han tomado para no abordar ningún problema estructural de los que padece la provincia y dirigir la batería sobre una delincuencia que no se muestra más que como un hecho individual por crisis de valores, en un modelo desigual y consumista.
Acorde a lo que ha sembrado el poder hegemónico a través de los medios de comunicación en el imaginario social, el decreto apunta a profundizar el eje policía-delincuentes como centro de las políticas de Estado. Más mano dura, colocando a la policía bonaerense como conduciendo las políticas de seguridad de la provincia. No hay ninguna crítica sobre el funcionamiento de esta fuerza.
Por el contrario, a quienes son precisamente parte del problema, los potencia en su operatividad corporativa-mafiosa, sumándole personal retirado o en disponibilidad como los que desaparecieron a Luciano Arruga. Además, comprará para las fuerzas de seguridad 1.000 coches, 30.000 chalecos antibalas y 10.000 armas y obligará a los 40.000 guardas de seguridad privada a avisar a los uniformados sobre situaciones de riesgo. Con un presupuesto de más de seiscientos millones de pesos, que no tenía hace una semana para los salarios docentes. El decreto parece una declaración de guerra, en un clima de violencia social, que impulsa la fragmentación y la indefensión de los individuos frente a los grupos mafiosos que encuentran, gracias a estas “políticas de Estado”, invisibilidad para ejercer su impunidad.
En esa línea, en materia judicial, no ataca ninguno de los problemas del ministerio público que viene arrastrando hace décadas complicidad, corrupción y burocratización.
El mensaje de Scioli queda enmarcado en la extensión progresiva de la represión de la protesta social a nivel nacional, como ya está sucediendo en otras provincias como Neuquén, Salta, Córdoba, Misiones,etc.
Desde nuestra fuerza política repudiamos este decreto que acrecienta el aparato represivo en tiempos de nuevas transferencias de riqueza de los que menos tienen a los que más tienen.
En nuestro congreso de diciembre del 2012 afirmamos que la inseguridad es hija de la corrupción de las cúpulas políticas, empresarias, judiciales y de las fuerzas de seguridad. Los manejos espurios de jueces, funcionarios y dirigencia política, sin ningún tipo de pena para éstos, han dejado un mensaje de impunidad de arriba hacia abajo. Bajo la concepción de Democratizar la Democracia impulsamos una política integral de seguridad que supera el falso dilema “mano dura-mano blanda”.
Mesa Dirección Proyecto Sur Pcia. Buenos Aires
Corriente Nacional Emancipación Sur.
